13 de agosto de 2024 – Ciudad de México – EFE.
El libro “Permiso para matar” documenta 1.850 homicidios y desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad mexicanas contra civiles desde el inicio de la ‘Guerra contra el narco’ en 2006. Los autores planean presentar esta evidencia a la Corte Penal Internacional (CPI), según explican en una entrevista con EFE.
“Que el libro llegue a la Corte Penal Internacional representa para nosotros la mejor forma de concluir la investigación, ya que creemos que la Corte tiene la información necesaria para acelerar el análisis del caso mexicano y evaluar las acciones de tres gobiernos contra la población civil”, afirmó el periodista e investigador Daniel Moreno.
La obra, coescrita por Paris Martínez y Jacobo Dayán, se centra en las víctimas de la violencia estatal desde el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) hasta la administración actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en la cual los abusos continúan.
Moreno también indicó que otro motivo importante para publicar esta investigación es la necesidad de recuperar la memoria histórica del país.
El objetivo es brindar apoyo a las familias de las víctimas y proporcionar información sobre el destino de sus seres queridos, que a menudo permanece en la incertidumbre según las investigaciones oficiales.
Tres gobiernos, una misma política
“Los tres gobiernos han seguido esencialmente la misma estrategia de seguridad, ofreciendo impunidad a los responsables de matar o desaparecer a inocentes”, afirmó Moreno.
El experto solo observa ligeras diferencias entre las administraciones: Enrique Peña Nieto (2012-2018) promovió la Policía Federal, y López Obrador creó la Guardia Nacional.
Martínez señaló distintas formas de violencia y la complicidad actual con el crimen organizado, como la cesión de territorios al narcotráfico a cambio de reducir la violencia, la cual bajo la presidencia de López Obrador ya supera los 170.000 homicidios acumulados.
“Estamos en un escenario de excepción donde las autoridades han decidido ignorar su obligación de respetar los derechos constitucionales”, comentó el autor.
Mencionó ejemplos en Guerrero y Chiapas, donde el Estado mexicano tiene escasa presencia y los líderes del narcotráfico ejercen la autoridad.
Martínez opina que los 1.850 casos documentados en *Permiso para matar* evidencian que la violencia estatal “responde a una estrategia que prioriza intereses propios y criminales”.
Ellos esperan que la CPI reconozca el problema como sistémico en México.
Asesinatos con impunidad
“Los datos actuales son similares a los anteriores; nueve de cada diez homicidios quedan impunes”, describió Moreno, quien señaló que no ha habido una estrategia efectiva para detener esta situación en el último sexenio.
Los autores criticaron la manipulación de la información oficial sobre enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y civiles.
“Muchos comunicados solo decían que un grupo de policías se enfrentó a un grupo de delincuentes, con resultados de muertes siempre de un solo lado”, comentó el autor, refiriéndose irónicamente al “Ejército más eficiente del mundo”.
Los investigadores admitieron que es probable que su estudio sea incompleto, ya que los números presentados son parciales en un país con más de 400.000 asesinatos en 18 años.
