Mónica Toapanta (Cuenca, Ecuador, 49 años) ha tenido que dejar el piso que alquilaba en el madrileño barrio de Carabanchel desde 2012 tras la separación de su esposo. Sola no podía asumir los 1.200 euros que le exigía el casero y ahora vive en una habitación en la que solo cabe una cama matrimonial, una maleta y un poco de ropa. Desde marzo, comparte el piso con otras cuatro personas: una familia de tres y una mujer. No tiene contrato ni puede empadronarse, pero aún así debe pagar mensualmente 400 euros, siempre en efectivo. Como ella, miles de personas en España tienen como única alternativa el alquiler informal de habitaciones. Ya no es algo propio de los jóvenes en edad universitaria. Hoy se ha convertido en uno de los recursos más utilizados por personas vulnerables para acceder a un techo, aunque esto implique hacerlo en condiciones marcadas por la informalidad, la inseguridad jurídica y la ausencia de garantías mínimas. Así lo ha desvelado el informe La vivienda imposible: del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia de la Fundación Foessa, presentado este miércoles en la sede de Cáritas Española.
Alquilar una habitación sin contrato ni garantías a los 50, una ‘estrategia’ para sobrevivir frente a la crisis de vivienda
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