Sabrina es una mujer trans de 37 años que lleva desde 2024 intentando realizar el cambio registral. A pesar de haber presentado documentación sobre su transición —de su endocrino, de sus niveles hormonales, de su psiquiatra y de la unidad de género—, su petición ha sido denegada por el juez, que argumenta un posible fraude de ley. “Me siento atrapada en un lío burocrático”, lamenta. Hace una semana, en pleno Orgullo, el PP anunció que, si gobernase, recortaría la Ley trans, la 4/2023, que reconoce el derecho a la autodeterminación de género y que para realizar el cambio registral exigiría un “informe psicosocial”. Los conservadores insinuaban que ese cambio se realiza de manera inmediata, con la mera declaración de la persona interesada en una de las oficinas del registro. La realidad es otra: la autodeterminación de género es un proceso, que suele durar un año, que implica no solo la ratificación de ese cambio, sino que requiere también el dictamen de un juez que analiza el caso y que debe dar su visto bueno para que se ejecute.
