Las fachadas de los centros públicos de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Madrid amanecieron el 14 de octubre cubiertas de carteles verdes que animaban a secundar la huelga indefinida que comenzaba ese día. Había profesores que lucían sus camisetas verdes mientras vendían en las puertas de los colegios e institutos merchandising de la huelga para obtener fondos para la caja de resistencia ante la sangría económica que supone una huelga indefinida. “Educación de calidad”, podía leerse por ejemplo en unos globos del República de Venezuela en el distrito de Usera. Una instrucción anunciada en una nota de prensa por el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso el pasado miércoles —el día de la huelga general— advierte de que “no se debe transmitir a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o partidistas y quedan prohibidas “pancartas, carteles o símbolos con este tipo de contenido en fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores” con la excepción, añade, de los tablones sindicales de los centros. Antes de que llegara el anuncio, muchos de estos mensajes han ido desapareciendo, retirados en muchas ocasiones por los propios equipos directivos. “La dirección del centro estará obligada a retirar estos elementos y comunicar las incidencias”, señala la nota de la Comunidad. EL PAÍS ha consultado la medida con dos expertos en Derecho Constitucional que coinciden en que es una medida que “atenta contra la libertad de expresión y los derechos sindicales”.
