Han pasado dos años desde la entrada en vigor de la Ley ELA, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados con el objetivo de mejorar la atención y los cuidados de más de 4.000 personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa. La última reforma, aprobada mediante un real decreto en octubre de 2025, creó el Grado III+ de dependencia extrema y estableció una financiación estatal mínima garantizada de 4.930 euros mensuales, mientras que las prestaciones económicas vinculadas al servicio y de asistencia personal pueden alcanzar los 9.859 euros al mes. Pero, según el último informe de la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), que agrupa a asociaciones de pacientes de esclerosis lateral amiotrófica, esas prestaciones no llegan con la misma eficacia en todas las comunidades autónomas.
